La oposición acusa al PSOE de ocultarle la sentencia del PGOU de Valencina
El alcalde no ha informado al pleno de un fallo del TSJA que le da la razón, algo que la oposición califica de "extraño"
El Mundo. 12/08/2009. Sebastián Torres
El alcalde de Valencina de la Concepción, Antonio Suárez (PSOE), ha ocultado durante meses a la oposición la sentencia judicial que da la razón al Consistorio frente a los intereses de una empresa constructora que pedía que se retomara el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que el Ayuntamiento decidió paralizar. Pese a respaldar la actuación del Ayuntamiento, el regidor no ha trasladado dicha sentencia a los concejales de la oposición, que califican de "extraño" este modo de actuar.
Por ello, el concejal no adscrito Alejandro Baeza, actualmente coordinador local de UPD, pedirá hoy al alcalde explicaciones por escrito. "Es muy extraño", señaló Baeza, que se muestra convencido de que el gobierno ha ocultado a la oposición la sentencia por algún motivo que escapa a la oposición.
El concejal no adscrito -anteriormente miembro del grupo del PP- señaló que el alcalde ha comunicado recientemente en el pleno el contenido de dos sentencias favorables al Ayuntamiento y ambas son de fecha posterior a la del PGOU. En concreto, explicó que el 2 de julio se informó del fallo que da la razón al Ayuntamiento en el contencioso interpuesto por una compañía de telefónica con respecto a las tasas de las antenas. Y en el pleno del 30 de julio, según Alejandro Baeza, se dio cuenta a la oposición de otra sentencia, también favorable al Consistorio, que confirma el nombramiento del juez de paz frente al recurso de un vecino.
"Ambas sentencias son de fecha posterior a ésta, así que queremos saber por qué no nos han informado de ella en el pleno", defendió el concejal no adscrito.
La Hacienda Tilly
El portavoz de IU, Francisco Arellano, coincidió con Baeza al señalar que el gobierno municipal ha ocultado dicha sentencia de forma intencionada. "No quieren tener problemas con los dueños de las tierras [la empresa Hispagal 2000 SL] -dijo Arellano- porque están utilizando la Hacienda Tilly como aparcamiento para el alcalde, los concejales, algunos funcionarios y la Policía Local".
La Hacienda Tilly es un edificio que la constructora Hispagal 2000 cedió al Ayuntamiento de Valencina en abril de 2005, como contraprestación por una recalificación que ha quedado paralizada tras la anulación de la aprobación inicial del PGOU. En el concierto de colaboración firmado entre la constructora y el Ayuntamiento, se hacía constar que, si en un plazo de dos años los compromisos urbanísticos no se habían cumplido, el propietario recuperaría la finca.
Según el portavoz de IU, la hacienda está siendo usada por el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción como aparcamiento, por lo que "Hispagal no la ha recuperado". Y no molestar al empresario podría ser, según IU, una de las razones por las que el alcalde ha silenciado la sentencia.
Como informó este periódico en su edición de ayer, la empresa Hispagal 2000 SL impugnó en los tribunales la anulación del PGOU de Valencina que había sido aprobado inicialmente y estaba en trámites para convertirse en definitivo.
Ese Plan General contemplaba la recalificación de unas 20 hectáreas de suelo rústico de Hispagal 2000 que pasarían a ser suelo residencial, con el consiguiente incremento de su valor y las posibilidades de negocio.
El constructor había entregado 937.500 euros como anticipo por la recalificación, un dinero que el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción se ha gastado, según un arqueo de las cuentas municipales realizado en junio de 2007, pese a no cumplir su compromiso de recalificar como suelo residencial las fincas del constructor.
Por ello, el constructor recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que pedía que restableciera la aprobación inicial del PGOU, pero los jueces han desestimado la demanda argumentando que una aprobación inicial o su anulación no son actos recurribles ante los tribunales por cuanto que el PGOU en fase de desarrollo carece de vigencia.
La ocultación de esta sentencia por parte del gobierno municipal a la oposición se produce después de que el alcalde lleve un año demorando la comisión de investigación sobre las recalificaciones fallidas que acordó el pleno en julio de 2008.
