Urbanismo en Valencina

La Junta plantea que 500 pueblos puedan crecer entre un 40 y un 60%


Laura Blanco
Unos 500 municipios andaluces con menos de 10.000 habitantes podrán aumentar su población entre un 40 y un 60%, según la propuesta de la Junta a los agentes sociales para el decreto que desarrollará el Pacto por la Vivienda. Aunque el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía dicta un límite del 30%, la Junta accedió en el pacto a flexibilizarlo para pueblos pequeños con poco crecimiento.

Si el Pacto por la Vivienda entre la Junta y la FAMP indicaba que “el límite establecido con carácter general al crecimiento de cada municipio para los próximos ocho años del 30% de sus habitantes debe aplicarse con mayor flexibilidad en los municipios más pequeños”, el borrador del decreto que desarrolla este pacto –y agiliza los trámites para que los ayuntamientos puedan sacar al mercado suelo destinado a VPO– concreta hasta cuánto podrán crecer esas localidades.

La propuesta de la Junta, según pudo saber este periódico, alude a los municipios de menos de 10.000 habitantes que en los últimos diez años hayan crecido por debajo del incremento medio andaluz, cifrado en el 10,2%. Y establece tres límites distintos. Así, los municipios de menos de 2.000 habitantes podrán crecer en población hasta un 60%, los de 2.001 a 5.000 vecinos hasta un 50% y los de 5.001 a 10.000 ciudadanos hasta un 40%. Según el último anuario del Instituto de Estadística de Andalucía, en la comunidad hay 625 municipios con menos de 10.000 habitantes –307 de menos de 2.000, 207 de entre 2.001 y 5.000 y 111 de entre 5.001 y 10.000–, si bien el decreto sólo afecta a aquéllos que en la última década han crecido por debajo de la media andaluza. Para el cálculo del crecimiento permitido se tomará como referencia la población del municipio en el momento de la firma definitiva de su PGOU.

Respecto al límite del 40% del crecimiento territorial, la única referencia que hace el decreto es que en este límite no computarán –para ningún municipio– los suelos industriales, algo ya establecido en el pacto que ahora adquiere rango normativo. El borrador no hace referencia a nuevos límites en este sentido para las localidades de menos de 10.000 habitantes porque se trata de municipios que no tienen problemas de suelo sino que han crecido por debajo de sus posibilidades y tienen equipamientos para asumir más población.

El texto también indica que “se tenderá a computar la habitabilidad por VPOen un número inferior a la hoy establecida con carácter general”, cifrada en 2,3 personas por vivienda. Si se calculan menos ocupantes para cada VPO, se podrán construir más viviendas sin sobrepasar el tope que marca el límite de crecimiento poblacional. Ésta era una de las reivindicaciones planteadas por los empresarios en la negociación del Pacto.

El plazo para que los agentes sociales y económicos hagan sus alegaciones al borrador ya ha expirado, por lo que se prevé que el decreto sea aprobado por el Consejo de Gobierno antes del 9 M.

17-11-2007
Los suelos industriales no se incluirán en el límite del POTA



Los suelos industriales de todos los municipios –no sólo de los pequeños– quedarán fuera de la limitación de crecimiento impuesta por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que prohíbe superar el 40% del suelo urbanizable. Esta medida se incluye en las cesiones de la Junta para flexibilizar una norma que se ha ganado desde su aprobación, hace un año, muchos enemigos, sobre todo los empresarios y también los propios municipios, que ven en la misma un serio obstáculo a su desarrollo económico y urbanístico.

En la reunión del miércoles, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) arrancó al Gobierno andaluz la promesa de suavizar el POTA en varios puntos. El primero, que los polígonos no computen dentro de los límites de la norma en los municipios pequeños. Esa medida se ampliará finalmente a todos los ayuntamientos, de forma que satisfará parte de las reivindicaciones de la patronal sobre suelo. El otro cambio es que los pueblos de menos de 10.000 habitantes –400 en toda Andalucía– podrán crecer en población por encima del POTA.

La propuesta de los empresarios en el marco de la negociación del Pacto por la Vivienda va más allá. No sólo quieren excluir del cómputo el suelo industrial, sino también el terciario, incluido el turístico, fundamentalmente el destinado a alojamientos turísticos reglados y equipamiento comercial.

El documento entregado ayer por la Junta a sindicatos y patronal no menciona ninguna medida sobre suelo ni sobre el Plan de Ordenación del Territorio, puesto que aplaza esta negociación hasta que las partes sellen el pacto. El Ejecutivo autonómico quiere que las futuras modificaciones de la norma se hagan en el momento de elaborar el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012.

Presentación

La ordenación del territorio es un instrumento esencial en las sociedades modernas, para establecer de manera consciente el modelo de desarrollo al que aspira la sociedad.

Andalucía posee ya una sólida experiencia, desde la creación del gobierno autonómico, en cuanto a establecer objetivos y políticas encaminadas a construir el territorio regional desde criterios de ordenación y equilibrio territorial.

Los avances logrados en los últimos años en cuanto a mejora de la articulación del conjunto de Andalucía, el desarrollo de sus sistemas de comunicaciones, la dotación de equipamientos y servicios públicos y la mejora de la calidad de vida, no evitan que debamos afrontar nuevos retos de futuro.

Andalucía debe abordar un nuevo proyecto de modernización que le permita completar la convergencia con las regiones más desarrolladas de Europa. Para ello es necesario activar el potencial de desarrollo de todas y cada una de las partes de su territorio: las áreas metropolitanas, el litoral, las ciudades medias de interior, las áreas rurales de montaña.

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno e incorporadas las resoluciones del Parlamento de Andalucía, se presenta como una herramienta útil al servicio de este proyecto de transformación y modernización, estableciendo los requisitos y las orientaciones que, desde el punto de vista territorial, han de orientar el desarrollo futuro de la región, un desarrollo equilibrado, solidario y sostenible.

Concepción Gutiérrez del Castillo. Consejera de Obras Públicas y Transportes

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

La documentación que a continuación se presenta se corresponde con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía aprobado por el Consejo de Gobierno de Andalucía y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día 29 de diciembre de 2006.

02-10-07
Castilleja de Guzmán se une a la lista de PGOU rechazados



09:47 TRINIDAD PERDIGUERO
La lista de los PGOU que se han topado en los últimos meses con el rechazo de la Junta por sobrepasar los topes de aumento de viviendas y suelo urbano fijados en el POTA (Plan de Ordenación Territorial de Andalucía) sigue creciendo. Uno de los últimos nombres que han trascendido ha sido el de Castilleja de Guzmán, cuyo Ayuntamiento tendrá que introducir recortes en el PGOU aprobado inicialmente en mayo de 2006. Los técnicos ya han advertido en el Informe de Incidencia Territorial que la propuesta de 1.237 nuevas viviendas "supera en casi cinco veces el máximo de crecimiento" de población en ocho años y en otro tanto el tope para el suelo urbano. Así se recoge en un dictamen fechado el 5 de febrero, pero que ni la Junta ni el gobierno local habían hecho público. Sólo ayer, la plataforma Valencina Habitable lo difundió mostrando su "sorpresa" por el mutismo.

Además de los reparos al aumento de viviendas (ahora hay 890 y el incremento de población sería de casi un 137 por ciento, "una oferta claramente excesiva para su demanda endógena"), se plantean otras deficiencias. Por ejemplo, se insta a "acreditar" que se reservará el 30 por ciento de VPO en todos los sectores y se alerta de que el PGOU "no propone la creación de suelos que posibiliten la implantación de actividades productivas propiamente dichas" y se centra "exclusivamente en el uso turístico como alternativa al residencial". Esta propuesta turística, que ocupa parte del entorno protegido de los Jardines Forestier, iba a ser una de las señas de identidad del PGOU, según anunció el alcalde, Carmelo Ceba (PSOE), que convocó un concurso de ideas para ordenar la zona. La iniciativa quedó en suspenso tras conocerse el POTA.

Obras Públicas considera ahora que la cantidad de suelo destinada a este fin (240.780 metros) no está justificada. Además, apunta la posibilidad de que, dada la edificabilidad prevista para los apartamentos turísticos (50.000 metros cuadrados), terminen convirtiéndose en viviendas y motivando "una notable ampliación de la población real sin control". También recuerda al Consistorio que las zonas libres locales públicas deben constituir al menos el 20 por ciento del total de la superficie del sector.

Por otra parte, en el informe de la Junta de Andalucía se hace hincapié en la falta de suelo para los sistemas generales de equipamiento para el municipio y de ámbito supramunicipal; y considera que la concentración de las áreas libres en el entorno del casco urbano "conlleva un componente de marginalidad", aunque admite que contribuirán a la integración paisajística. Finalmente, apunta la falta de medidas específicas para fomentar el transporte público, para la mejora de los suministros de electricidad y agua y advierte que el trazado incluido para la variante Camas-Valencina no es el finalmente elegido por la Administración.

Noticia en Diario de Sevilla


Espartinas reorienta sus proyectos como zonas de interés metropolitano

09:50 T. P.
El concejal de Urbanismo de Espartinas, Javier Jiménez (PP), admitió ayer que conocen desde hace meses el Informe de Incidencia Territorial de la Junta que rechaza los términos de su PGOU, algo que están intentando solventar por una doble vía.

Por una parte, han presentado a la Junta hasta cinco propuestas distintas, que suponen el grueso del PGOU, como áreas de oportunidad y equipamientos para el área metropolitana para que los incluya en el Plan de Ordenación Territorial del Área Urbana (Potau) de Sevilla. Si la Junta las admite como tales, se caerán de la cuenta del PGOU con lo que éste se podrá ajustar con más facilidad a los topes del 30 y el 40 por ciento.

Se trata, según recordó el primer teniente de alcalde, de la denominada "ciudad de los jóvenes", con 500 viviendas protegidas; del "campus del conocimiento", casi 40 hectáreas para equipamiento, como colegios públicos y privados, universidades y donde también se ubicaría el palacio de congresos; la "ciudad del comercio", otras 20 hectáreas; además del parque empresarial Pétalo y el Parque Metropolitano del Riopudio, que se contemplaban como zonas de repercusión supramunicipal en el primer borrador del Potau, elaborado hace ya más de una década y que nunca llegó a aplicarse.

Por otro lado, el gobierno local está ultimando un documento de alegaciones al informe de la Junta, ya que, según Jiménez, la ratio de personas por vivienda en Espartinas es de 1,3 (y así lo admiten los técnicos de la Administración autonómica al basarse en el padrón de habitantes para sus cálculos) y no de 2,7 personas por vivienda, la media del área metropolitana que han aplicado para calcular el incremento de población en Espartinas con el nuevo PGOU.

Sobre la posibilidad real de que Obras Públicas acepte estas propuestas como solución, el edil popular dijo que esperan tener al menos "el mismo trato que la media de los ayuntamientos del PSOE" y recordó la ubicación y los accesos que tendrá Espartinas en el Aljarafe. "Nos han puesto los deberes y los estamos haciendo", dijo, y subrayó que está a la espera de que les convoquen a las reuniones que han solicitado con responsables de la Junta para tratar estas cuestiones.

Además del incremento del suelo urbano y la población por encima de lo fijado el POTA (que entró en vigor a finales de 2006), la Junta aduce que el PGOU propuesto por Espartinas favorece el proceso de "conurbación" que contraviene el modelo de ciudad compacta y apuesta excesivamente por la especialización residencial.

También subraya que la red viaria propuesta es insuficiente para el crecimiento previsto y rechaza la ubicación propuesta para conectar con el Metro y para el área del comercio social, por su impacto en las vías de comunicación metropolitanas.

Noticia en Diario de Sevilla


Bollullos, Benacazón, Los Palacios y Osuna tienen que rehacer sus planes urbanísticos

09:53 REDACCIÓN
Fuentes de la Consejería de Obras Públicas confirmaron ayer que ya se ha notificado a al menos una decena de ayuntamientos que sus PGOU no serán aprobados tal y como están elaborados. A los nombres que se conocían (Aznalcázar, Valencina, Castilleja del Campo y Bormujos), se han unido Castilleja de Guzmán, Espartinas, Bollullos, Benacazón, Osuna y Los Palacios, que contemplan crecimientos por encima de los topes establecidos por el POTA, del 30 por ciento para la población y del 40 para el suelo.

En Espartinas, las viviendas propuestas (8.062) suponen un aumento poblacional del 105 por ciento, según la Junta; en Benacazón (5.408 inmuebles), del 289, además con núcleos de población dispersos; y en Bollullos (11.718 viviendas), del 592 por ciento. No obstante, fuentes de este último municipio apuntaron que el Ayuntamiento no tiene aún notificación oficial de este informe y recordaron que el PGOU se aprobó en el Pleno un mes antes de la entrada en vigor del POTA. Fuera del Aljarafe, la Junta ha analizado y emitido dictámenes desfavorables sobre los PGOU de Los Palacios y Osuna, dos importantes ciudades medias. En el primer caso (con casi 12.400 viviendas propuestas), las fuentes apuntaron que está en vías de solventarse con algunos recortes y calificando parte de las viviendas en suelo no sectorizado (como se hizo en La Rinconada), lo que implica que su construcción se aplaza por lo menos ocho años y se vincula a un nuevo dictamen de la Junta, que ya ha dicho que reconocerá a esta localidad un área de oportunidad metropolitana (un polígono especializado en la industria agroalimentaria) cuyos suelos no computarán en el PGOU.

Tampoco ha pasado el primer corte Osuna, donde el PGOU aprobado por unanimidad en el Pleno en enero pasado proponía 4.980 casas. El principal problema en este caso es el campo de golf a cinco kilómetros del casco urbano y vinculado a 800 viviendas que incluye el documento.

Noticia en Diario de Sevilla

01-10-07
La Junta frena 32.000 nuevas viviendas en la provincia de Sevilla



07:15 Trinidad Perdiguero
SEVILLA. Apenas un año después de la aprobación y entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) –que veta los crecimientos urbanísticos que aumenten el suelo urbano y la población en más de un 40 y un 30 por ciento, respectivamente, en menos de ocho años– la aplicación de la norma comienza a arrojar datos significativos en la provincia.
Basándose en estos criterios, la Junta ha frenado ya la tramitación de más de 32.000 inmuebles propuestos por siete ayuntamientos, la mayoría del área metropolitana, en sus respectivos PGOU. Estos topes de crecimiento fueron aprobados en el Parlamento andaluz a iniciativa de IU y hechos suyos por el Gobierno de Manuel Chaves, que los incorporó en el decreto del POTA. Los colectivos conservacionistas los aplaudieron, pero fueron rechazados por muchos gobiernos locales y por los empresarios, que alertaron del parón que iban a provocar en la construcción, en el empleo y los ingresos municipales.
Si las viviendas que por el momento han sido rechazadas estuvieran juntas configurarían una ciudad mayor que Alcalá de Guadaíra y se convertirían en el tercer municipio de Sevilla. Son la suma de las desechadas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, adscrita a la Consejería de Obras Públicas, de los PGOU de siete municipios: La Rinconada, Pruna, Villanueva del Ariscal, Valencina, Aznalcázar, Castilleja del Campo y Bormujos.
Los tres primeros fueron aprobados de forma definitiva antes de las elecciones municipales. Pero, para ajustarse al POTA, la Junta obligó a los respectivos gobiernos locales (todos del PSOE) a redactar documentos complementarios en los que una parte sustancial de las viviendas que habían propuesto quedaron finalmente sobre suelos “no sectorizados”.
Esta calificación conlleva que las casas no se podrán hacer hasta que no esté construido todo lo demás (dentro de un plazo mínimo de ocho años) y con la autorización previa de la Junta de Andalucía, que puede volver a vetarlos.
El resto de casas que no se harán –al menos por ahora– se corresponden con los PGOU de Aznalcázar, Castilleja del Campo, Valencina y Bormujos, sobre los que también se ha pronunciado Obras Públicas, pero para rechazarlos de plano y exigir que se corrijan o vuelvan a hacerse dentro de los topes establecidos. Todos contemplaban crecimientos que iban multiplicar varias veces la población y, en algunos casos, núcleos diseminados, incompatibles con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loua).
Incluso haciendo un cálculo de las viviendas que la Junta podría haber autorizado si se ajustasen al tope del 30 por ciento de la población, el recorte que se habría hecho en estos siete municipios sería igualmente muy significativo y superaría los 28.500 inmuebles.
El primer municipio en sufrir recortes fue La Rinconada, que tuvo que renunciar a las 1.500 viviendas de lujo desgajadas en la zona de Majaloba. Luego, la Junta le obligó a retirar un sector completo (826 viviendas) en San José. Además, fuera del PGOU han quedado como no sectorizadas las 4.500 viviendas del Pago de En Medio, aunque éstas serán reactivadas en breve por la Junta como zona de Equipamiento de de Vivienda Protegida para ofertar a todo el área metropolitana. Para Pruna el recorte fue de 385 viviendas y para Villanueva del Ariscal de 357. Con la misma fórmula, la Junta forzó a que estos inmuebles fueran en suelo no sectorizado. Obras Públicas también se ha pronunciado oficialmente sobre los PGOU de Aznalcázar (8.590 viviendas), Valencina (8.000), Castilleja del Campo (840) y Bormujos (7.800, aproximadamente), que tendrán que volver a redactarse en la práctica, con toda la tramitación y plazos que ello conlleva, lo que supondrán, de hecho, una moratoria en el desarrollo urbanístico de estos pueblos, salvo que se articule alguna otra fórmula para satisfacer necesidades más urgentes de su población. La Junta ha apuntado en este sentido la posibilidad de modificaciones puntuales del PGOU para hacer VPO y está elaborando el mapa de áreas de oportunidad empresarial y equipamientos de VPO del área metropolitana, en los que puede incluir también excepciones a estos topes de crecimiento.

06-06-07
Comparecencia de la Consejera de Obras Públicas y debate parlamentario sobre los criterios de aplicación del POTA

El documento completo en pdf puede consultarse en la web del Parlamento de Andalucía, a través de este enlace al Diario de Sesiones Número 365, Serie A VII Legislatura. Se aporta un extracto de la comparecencia.

Debate agrupado de las Comparecencias 7-07/APC-000206, 7-07/APC-000234 y 7-07/APC-000257, de la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, a fin de informar sobre incidencias y efectos del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía sobre la obligada adaptación de los Planes Generales de Ordenación Municipal a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

[...] con carácter general, no se admitirán los crecimientos que supongan incremento de suelo urbanizable, superiores al 40% del suelo existente, ni los crecimientos que supongan incremento de población superior al 30% en ocho años. Y los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito.
[...] Primero, suelo urbano existente. No es una terminología que se utilice en urbanismo. Lo que hemos hecho, lo que ha hecho la Dirección General ha sido equipararlo a la clasificación de suelo urbano, según la definición del artículo 45 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 2002. Es decir, el suelo urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado. ¿Cuál es el objetivo? Dar seguridad jurídica. Ante una indefinición de lo que significa suelo urbano existente, hemos tomado la referencia del artículo 45 en la definición de lo que es suelo urbano.
El segundo tema, el cómputo del suelo urbanizable; la inclusión de las categorías de suelo; el suelo urbanizable, que se incluyen todas sus categorías y usos; así como sistemas generales, incluidos y adscritos, excluyendo los suelos correspondientes a infraestructuras y dotaciones de incidencia supramunicipal; las correspondientes a actuaciones urbanísticas previstas en los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y las actuaciones declaradas de interés autonómico. ¿Por qué? Muy claramente. Para garantizar, en todo lo que es el suelo urbanizable, que no vuelve a ver la Comunidad Autónoma, porque ya no tiene competencia en los planes de desarrollo, lo que no se vuelve a ver en la Comisión Provincial, para definir, exactamente, todas las infraestructuras y equipamientos que se derivan de la puesta en carga de suelos, competencia municipal, y que obligan a la Comunidad Autónoma o a la Administración central.
Es decir, que lo que se hace es: como uno de los principios básicos es garantizar los equipamientos y las infraestructuras, para los nuevos crecimientos, y muchos de esos equipamientos e infraestructuras son de competencia autonómica —la inmensa mayoría—, es definir aquello que ya no va a ser nuevamente analizado por la Comisión provincial o por la Comunidad Autónoma. Todos los demás temas, los que quedan excluidos, tienen una planificación propia de infraestructuras y equipamientos, que es lo que quiere garantizar la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de la ley. Y, por tanto, se excluyen los aspectos a los que ha hecho antes referencia.
Por supuesto, también se exceptúan los suelos urbanizables no sectorizados. ¿Por qué los no sectorizados? Porque los no sectorizados, por supuesto, para su sectorización o para que se puedan urbanizar, tienen que volver a la Comisión Provincial. Y allí es donde se hace la previsión de equipamiento y de infraestructuras necesarias, porque ni siquiera en ese momento se conocen los usos. Pero los Ayuntamientos nos dicen por dónde van sus perspectivas de crecimiento futuro, independientemente de que en los próximos ocho años, o con carácter inmediato, no tengan intención de ponerlo en carga. Lógicamente nos parece bien, porque avisa por dónde van sus pretensiones y, entonces, se analiza, desde esa perspectiva de segundo plazo o con posterioridad a lo que es el cumplimiento de la temporalidad establecida en el Plan de Ordenación del Territorio.
En todo caso, como les digo, estos nuevos desarrollos tienen que volver, necesariamente, a las Comisiones Provinciales, donde hay que favorecer el acuerdo de la Administración central, la autonómica y la local, con los privados, en su caso, para el desarrollo de las dotaciones e infraestructuras, que es lo que preocupa, sobre todo, a la Comunidad Autónoma.
[...] Bien. En cuanto al otro parámetro, a efectos del cómputo del 30% de población, para garantizar un único criterio objetivo, se ha determinado que la población existente será la correspondiente al padrón municipal de habitantes, en el momento de la aprobación inicial del plan. Hay que tomar un punto de referencia: el padrón de habitantes de la población inicial. Y, a continuación, el incremento se mide por la capacidad residencial que prevea el planeamiento para los próximos ocho años, en viviendas ubicadas en suelo urbano no consolidado, en suelo urbanizable ordenado y sectorizado, estimando el tamaño medio de los hogares en función de los datos establecidos por el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto de Estadística de Andalucía. Y todo ello porque, tanto el suelo urbanizable como el suelo urbano no consolidado, no tienen dotaciones y equipamientos ya construidos. Y es, para ese crecimiento de población, para el que hay que prever todo los servicios.
En fin, el dimensionamiento del incremento propuesto deberá justificarse mediante el estudio de demanda, de viviendas, que responda a las determinaciones exigidas en el artículo 9 —recordarán, el 9 c) de la Ley de Ordenación Urbanística—, que tiene que tener en cuenta el nivel de renta de la población y las necesidades reales, para atenderlas en función de sus características sociales y su nivel económico. Este criterio es para dar respuesta a las necesidades de vivienda de los vecinos del municipio.
En cuanto al último aspecto de la norma 45, que se refiere a los planes subregionales, decirles que éstos se elaboran con la participación y acuerdo de todos los Ayuntamientos, que, básicamente, se refieren a cinco aspectos [...] (transporte y comunicaciones, espacios libres, infraestructuras, áreas de oportunidad y equipamientos supramunicipales) [...] Todas estas inversiones se definen en el propio plan subregional. La Comisión de redacción, como saben, está formada por, o la componen, aparte de la Administración autonómica, la Administración central, también los municipios a los que afecta el ámbito, de tal manera que lo que se hace es establecer acuerdos entre Administraciones, para el desarrollo de estos grandes proyectos, que requieren una coordinación interadministrativa muy potente.