El TSJA dice que la anulación de un PGOU en trámites no se puede recurrir
Desestima el recurso de un promotor que había entregado 937.500 euros cuando el Ayuntamiento de Valencina anuló su Plan
El Mundo. 11/08/2009. Sebastián Torres
Un alcalde decide revisar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de su municipio, empieza los trámites y genera expectativas a los propietarios de suelo. Firma convenios con ellos, les promete recalificarles las parcelas y, a cambio, les pide dinero. El PGOU se aprueba inicialmente, las expectativas crecen y la caja engorda con el cobro del segundo plazo... Pero llegan las elecciones, cambia el alcalde y el nuevo regidor decide anular todo el proceso. Los que entregaron el dinero acuden a la Justicia y ésta dictamina que la anulación de un PGOU en trámites no es recurrible ante los tribunales.
Esto es lo que ha ocurrido en Valencina de la Concepción, donde la empresa Hispagal 2000 SL, que abonó 937.500 euros al Ayuntamiento como anticipo por una recalificación prometida, ha perdido el pleito en el que pedía que se revocara la resolución por la que el gobierno municipal anulaba el PGOU, aprobado inicialmente.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una sentencia a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, señala que la anulación de un PGOU aprobado sólo inicialmente "no es susceptible de impugnación en sede judicial". Dice el tribunal que, al igual que no se puede recurrir contra la anulación de una aprobación inicial, tampoco dicha aprobación inicial podría haber sido impugnada ante la Justicia, "dada su falta de carácter definitivo y su imposibilidad de causar estado".
Promesa incumplida
Hispagal 2000 SL ha sufrido la anulación del PGOU en trámites, como propietario de suelo en Valencina de la Concepción que había firmado un convenio con el Ayuntamiento. Dicho convenio se remonta al 30 de diciembre de 2004, cuando el entonces alcalde, José Luis Tosca (PP), y un representante de la promotora rubricaron un convenio por el que éste se comprometía a entregar 217.500 euros a cambio de la recalificación de unas 20 hectáreas de suelo rústico como suelo residencial.
Posteriormente, el 6 de abril de 2005, el Ayuntamiento y el promotor acordaron convertir 55 viviendas de protección oficial como viviendas libres, por lo que Hispagal se comprometió a pagar 1.320.000 euros más, de los que entregó 660.000 euros.
Finalmente, el 25 de abril de 2005, ambas partes volvieron a suscribir un nuevo concierto de colaboración que obligaba al empresario a entregar otros 60.000 euros en metálico. En total, 937.500 euros que el Ayuntameinto, como ha informado este periódico, se gastó, junto a las cantidades entregadas por otros promotores, pero sin llegar a cumplir sus compromisos.
Hispagal 2000 SL optó por impugnar ante la Justicia la anulación de la aprobación inicial del PGOU, ya que esto restituiría la vigencia del convenio y obligaría así al Ayuntamiento a recalificar los suelos, pero la demanda no ha llegado a buen puerto.
Como informó este diario en su edición de ayer, el actual alcalde de Valencina, Antonio Suárez (PSOE), lleva un año demorando la creación de una comisión de investigación sobre los convenios urbanísticos firmados en su día por el Ayuntamiento. El pleno del 31 de julio de 2008 acordó iniciar la investigación que, a día de hoy, está olvidada.
