Los ayuntamientos andaluces podrán comenzar en julio la redacción de las bases para sus Registros de Demandantes
Los ciudadanos podrán inscribirse en el registro a través de Internet y los Consistorios podrán adjudicar las VPO por antigüedad, baremos, sorteos o una combinación de éstos
Consejería de Vivienda. 30/06/2009
Los ayuntamientos andaluces podrán comenzar durante el mes de julio la elaboración de sus bases para la puesta en marcha de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, una vez sea publicada en las próximas semanas la Orden que regulará su funcionamiento, según ha explicado el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, que ha mantenido la primera de las jornadas de trabajo que se realizarán con alcaldes de las ocho provincias andaluzas para explicar en detalle esta Orden. Estas bases definirán los requisitos que se exigirá a los demandantes de vivienda protegida para formar parte de los registros y la información necesaria para su elaboración.
El consejero de Vivienda, Juan Espadas, ha resaltado que los registros municipales de demandantes de VPO supondrán una simplificación de los trámites que tienen que hacer tanto los ciudadanos como las Administraciones, gracias a la nueva herramienta informática que la Junta pondrá a disposición de los ayuntamientos. Este programa cruza los datos que proporciona el ciudadano sobre su situación socioeconómica con la información de la Agencia Tributaria, del Instituto Nacional de Estadística y del Catastro. Así se comprueban, respectivamente, sus ingresos, el lugar de empadronamiento y si no tiene otra vivienda en propiedad.
A partir del 1 de enero de 2010, todas las adjudicaciones de viviendas protegidas se producirán entre los inscritos en los diferentes registros municipales, todos ellos solicitantes que cumplen los requisitos para acceder a una VPO, gracias a las comprobaciones que se han efectuado previamente. No obstante, la Consejería de Vivienda ha iniciado ya los trámites para informar a los ayuntamientos de los pormenores de esta iniciativa, con miras a preparar y formar a los técnicos municipales, de modo que los potenciales demandantes de vivienda protegida puedan presentar a partir del próximo otoño sus solicitudes de inscripción en estas bases de datos.
La petición de inscripción en el registro de su municipio se podrá formular de forma presencial, por teléfono y a través de Internet (en este último caso, con certificado digital). Junto a los datos socioeconómicos, los demandantes podrán incorporar también información sobre el régimen de preferencia de vivienda (en alquiler o en venta) y sobre las características que requiere (por ejemplo, de superficie en el caso de las familias numerosas o adaptada si se trata de una persona con movilidad reducida). Asimismo, el ciudadano podrá indicar su municipio de preferencia para obtener una VPO, pero también otras dos localidades más alternativas si así lo desea.
Juan Espadas ha ofrecido a los ayuntamientos el "apoyo económico y técnico" de la Consejería de Vivienda para poner en marcha estas bases de datos, que no sólo van a facilitar para las Administraciones una mejor planificación de la oferta de vivienda protegida, sino que también van a proporcionar a los ciudadanos sistemas de adjudicación de las viviendas más claros y transparentes. En efecto, los ayuntamientos podrán establecer baremos dentro de sus registros por las características de los adjudicatarios, ordenar a los solicitantes por antigüedad o bien combinar distintos sistemas.
También se suprimen los sorteos por parte de los promotores de VPO, que al obtener la calificación provisional solicitarán a los ayuntamientos un listado de adjudicatarios. El Consistorio proporcionará al constructor una relación de personas inscritas en los registros que cumplen las condiciones socioeconómicas exigidas para la promoción, con los correspondientes suplentes por si se produjera alguna renuncia.
Aunque los registros son una de las medidas incluidas en el proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda, actualmente en trámite parlamentario y que garantiza el cumplimiento efectivo del derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna, la Consejería ha querido adelantar su entrada en vigor, por lo que en las próximas semanas aprobará la Orden que regula su funcionamiento y, con ello, se permitirá a los municipios ir conformando sus bases de datos a partir de otoño.
