Urbanismo en Valencina

Luis Andrés Zambrana
Profesor de Economía Apliada. Universidad de Sevilla
ABC. 02/01/2009

En estos últimos días de 2008 la Consejería de de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía está andando los pasos encaminados a aprobar definitivamente el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). Demasiado tiempo ha transcurrido desde que el área metropolitana de Sevilla comenzó a configurarse como tal sin que en este proceso se haya acompañado de la racionalidad que se debería suponer a la planificación del territorio. Hoy muy pocos dudan de que esta carencia nos ha dejado una comarca cargada de problemas.

En 1974 el ministerio de la vivienda aprobaba el Avance del Plan de Ordenación de la Comarca de Sevilla. Por aquel entonces ya se vislumbraba la posibilidad de un desarrollo metropolitano entre la ciudad central, Sevilla, y los municipios colindantes y, por tanto, la necesidad de poner en marcha un mecanismo de ordenación territorial. Apenas un año después, la transición política estableció necesidades de cambios más profundos y urgentes que dejaban en segundo plano y por tanto parcada la propuesta de ordenación para la comarca.

La Constitución de 1978 asigna a las Comunidades Autónomas las competencias en materia de Ordenación del Territorio y en base a ella, el Consejo de Gobierno de la entonces recién creada Junta de Andalucía planteó en junio de 1983 la necesidad de establecer directrices de planeamiento urbanístico para el área metropolitana de Sevilla creando un gabinete de estudios metropolitanos que, bajo la dirección de Damián Álvarez, trabajó en la elaboración del documento que se dispuso seis años después. Mientras, el área metropolitana de Sevilla comenzaba a desarrollarse con fuerza, las urbanizaciones se multiplicaban y aparecían los primeros centros comerciales, todo ello sin orden preestablecido. Por alguna razón, que nunca se hizo explícita, este intento de ordenación quedó postergado en algún cajón de la administración autonómica.

Tras la celebración de la Exposición Universal de 1992 y el boom urbanístico que ésta comportó llegó un parón que se prolongaría más de un lustro, durante el cual la Junta de Andalucía volvió a esbozar intenciones de poner orden en el territorio del área metropolitana de Sevilla. Alentado por la recién aprobada ley de Ordenación del Territorio de 1994 que dotaba a la administración de instrumentos de los que hasta el momento carecía y por los evidentes signos de desorden que el boom había dejado atrás, el 31 de mayo de ese mismo año, el Consejo de gobierno de la Junta de Andalucía acuerda formular el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. El encargo se realizó al arquitecto José Carlos Babiano. De este tercer intento se dio a conocer el Documento de Información y Diagnóstico en 1996 y la Memoria de Objetivos en 2000. Finalmente su trabajo corrió la misma suerte que el de su predecesor.

En esta tesitura, sin plan alguno, nos vimos envueltos en una nueva oleada urbanística, la que comenzó en 1998 y se ha extendido hasta 2007, periodo en el que llegaron riadas de ofrecimientos de recalificaciones a la concejalías de urbanismo de los municipios del área metropolitana, todas ellas vistas con muy buenos ojos por los recursos que aportaban a las arcas municipales. En todo este tiempo han sido los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, quienes han determinado cuanto y como se crecía, en base a intereses que no siempre respondieron al interés general.

La caótica situación urbanística, de movilidad, de infraestructuras, de servicios... que padecemos en la comarca, unido a los escándalos que salpicaron a la fiebre del ladrillo, debieron ser el detonante para que en un año dispusiéramos de más legislación en materia de ordenación del territorio con afección al área metropolitana que en toda su reciente historia.

Primero fue el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (octubre de 2006), que dicho sea de paso es un reconocimiento a la caótica situación y su difícil solución.

Un mes después llegó el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía -POTA- que levantó gran revuelo entre alcaldes y promotores por establecer límites a los crecimientos urbanísticos, algo que les debió parecer una desmesura, pero para hacernos una idea aquí les dejo una pequeña muestra y que el lector juzgue si realmente se trata de un freno. Según el padrón, en 2007 habitábamos la primera corona del área metropolitana, excluida la capital, un total de 475.653 personas, lo que suponía más del doble de los que registraba el censo de 1970 (210.303), cuando, como decíamos al principio, comenzó este espacio a dar las primeras muestras de trascender de lo local a lo metropolitano. Pues bien, si los municipios apuraran los límites de crecimiento poblacional que establece el POTA (30%) durante un periodo de tiempo similar al transcurrido, 36 años, podrían construirse viviendas para albergar 1.358.512 habitantes, es decir casi el triple de la población actual.

Ante la inquietud de los detractores del POTA, la Junta pone en marcha, con carácter inmediato, mecanismos de flexibilización de la norma (Acuerdos con la FAMP, Pacto por la Vivienda y Decreto 11/2008). En ese contexto se aprueba la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla -POTAUS- que sería expuesto públicamente en octubre de 2007.

Durante el periodo de exposición pública del POTAUS han sido muchas las alegaciones y críticas que este documento ha recibido: el Colegio de Arquitectos, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla, equipos de investigación universitarios, asociaciones ciudadanas, confederación de empresarios... y ayuntamientos.

Una de las críticas, en mi modesta opinión, más fundamentada de cuantas ha recibido el plan se basa en la falta de voluntad del mismo para ordenar el territorio y el sometimiento de éste a las presiones municipales, lo que ha hecho del POTAUS un mecanismo de flexibilización del POTA. Resultado evidente son las áreas de oportunidad que no responden a orden alguno, al menos explícito, ni a una mínima justificación racional de cómo se han detectado esas supuestas oportunidades. El documento definitivo solo se ha atendido a los ayuntamientos cuyas alegaciones (quizás sería más conveniente decir demandas) se resumen en pedir más suelo para construir sin que compute a efectos de los límites impuestos en el POTA, lo que ha llevado al documento definitivo a pasar de 47 a 69 áreas de oportunidad.

Tanto esperar para esto.