Inoportunas oportunidades
Luis Andrés Zambrana, presidente de Aljarafe Habitable
El Correo de Andalucía. 22/01/2009
Previamente a la mayor oleada urbanística conocida en la primera corona del área metropolitana de Sevilla, entre 1998 y 2007, tres fueron los intentos de ordenación del territorio: en 1973 desde el Estado y en 1983 y 1994 desde la Junta de Andalucía. Ninguno de ellos llegó a cristalizar. En estos 35 años hemos pasado de habitar 210.000 personas a 475.000, es decir crecimos en un 120%. Dado que el urbanismo es competencia municipal, los consistorios tomaron las decisiones de la expansión urbanística, sin contar para ello con un marco de referencia de las directrices de ordenación del territorio. De esta forma, la colmatación de suelo en el área metropolitana se ha producido sobre la base de objetivos, intereses y perspectivas que no van más allá del término municipal, en el espacio, y de cuatro años, los que dura una legislatura, en el tiempo. En este periodo, los munícipes emprendieron una alocada carrera por poner terreno a disposición de las inmobiliarias, principal fuente con la que nutrir las maltrechas arcas municipales, es verdad, pero dilapidando gran cantidad de estos ingresos en múltiples dispendios: enterrándolos bajo absurdas decoraciones de rotondas, amenizando fiestas con las voces de cualquiera de los triunfitos del momento, toreando bajo la luz de la luna, engrosando de forma desproporcionada la factura de personal y un largo etcétera. Basta con asomarse a la situación actual de muchos de estos consistorios, algunos de ellos con expedientes de regulación de empleo, para darse cuenta de las cortas miras con que se usaron estos recursos extraordinarios.
La ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2002 estableció la obligación de redactar un PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) a todos los municipios y muchos de los del área metropolitana aprobaron inicialmente proyectos que hicieron llevarse las manos a la cabeza a cualquiera con un mínimo de sensibilidad. La desordenada urbanización nos sumió en un gran atasco, el transporte público se diluyó ante la masiva presencia del vehículo privado, los nuevos habitantes buscan satisfacer su demanda de servicios en la ciudad central ante la carencia en los municipios que los acogen, principalmente en materia sanitaria y educativa... Eso sí, se había sobredotado el espacio de grandes centros comerciales y mal llamados de ocio. Dada la insostenibilidad de la situación y los escándalos ligados al urbanismo que saltan en nuestra comunidad autónoma, la Junta de Andalucía aprobó en octubre de 2006 el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que viene, entre otras cosas, a poner límites numéricos a la expansión urbanística (30% de población y 40% de edificación), lo que acarreó un buen número de reacciones. Inmediatamente después, en noviembre de 2006, volvió a acordarse la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), que vería la luz un año después. El documento del Potaus expuesto públicamente en su fase de aprobación inicial hacía un diagnóstico de situación de la comarca más que acertado, aunque creaba un nuevo instrumento: las áreas de oportunidad, que tenían la virtud de permitir la construcción de viviendas o espacios productivos sin que las mismas computaran a efectos de los límites impuestos por el POTA.
La exposición pública concluyó a finales de enero de 2008 y muchas fueron las alegaciones que recibió desde todos los frentes, entre los que estuvimos los movimientos ciudadanos, una de cuyas asociaciones, ADTA (Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe), acababa de ser reconocida por la Junta de Andalucía con el Premio de Medio Ambiente a la Sostenibilidad Urbana. Sin embargo, de las muchas horas de trabajo dedicadas al estudio del proyecto y a la elaboración de alegaciones, no se estableció el más mínimo espacio de participación ciudadana, más allá de la preceptiva exposición pública. Como colofón, abundando en el desoír de nuestra administración, no hemos recibido respuesta alguna a nuestras alegaciones, entre las cuales figura, por ejemplo, la grave advertencia acerca del desarrollo de un uso hotelero dentro del entorno de protección paisajística del bien de interés cultural (BIC) de los jardines de Forestier, en Castilleja de Guzmán. O el caso de Almensilla, a la que se concede un área de oportunidad de 247 hectáreas para un parque empresarial cuando cuenta en el planeamiento del municipio de 1983 con cinco hectáreas para uso industrial todavía sin desarrollar.
Recientemente, nos llega a través de los medios de comunicación la noticia de que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, tras el visto bueno de la comisión redactora, remitió al Consejo de Gobierno el documento para su aprobación definitiva, incorporando éste, únicamente, las modificaciones alegadas por los consistorios cuyo planteamiento parece responder a la pregunta: ¿y de lo mío qué?, con el resultado del engorde del anexo de áreas de oportunidad, pasando de 47 a 69. Esto nos lleva a la conclusión de que, ante el malestar de los alcaldes por los límites del POTA, se usa el Potaus para liberarlos de esas estrecheces, volviendo a hacer dejación de su competencia de ordenación del territorio, dejando ésta en manos de los que hicieron el urbanismo que padecemos y cuyos resultados son más que evidentes. Por enésima vez volvemos a perder otra oportunidad, curiosamente ésta por mor de tantas oportunidades.
