Vienda ha recibido ya a la mitad de los alcaldes para hablar del Potaus
0:00:00 h. | 21/07/2008. Ángela Serrato
La Consejería de Vivienda ha iniciado ya la ronda de contactos con los alcaldes que presentaron alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus). Ya se ha visto con la mitad y espera hacer lo mismo con el resto en los próximos días.
La intención de la Junta de Andalucía es que para septiembre se haya estudiado el millar de alegaciones presentadas por consistorios, partidos, colectivos y particulares hasta el pasado mes
de enero, que fue cuando concluyó el plazo.
Desde la consejería explicaron que la razón de estas reuniones es “no imponer el Potaus a nadie” y detallaron que posteriormente se continuará con el resto de trámites –informes y comisión de seguimiento– para aprobar definitivamente el texto. Estos encuentros están resultando, según las mismas fuentes, bastante productivos, si bien no aclararon si se aceptarán muchas alegaciones.
La entrada en vigor del documento que pondrá orden en un territorio englobado por 46 municipios está prevista para principios de 2009 después de que hace un mes el consejero de Vivienda, Juan Espadas, confirmara la imposibilidad de cumplir el plazo de junio de 2008 que marcó la ex consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, cuyo departamento concibió el Potaus. Los retrasos en su redacción –pese a que era un documento del que se venía hablando desde hacía dos décadas– y el elevado número de alegaciones presentadas por cerca de 300 consistorios, partidos, colectivos y particulares son las razones esgrimidas.
El desarrollo de muchos de los 46 municipios del área metropolitana depende de la entrada en vigor del Potaus, de ahí las quejas vertidas por los alcaldes por el retraso. Los que resultaron beneficiarios de alguna de las 15 áreas de oportunidad residenciales o las 32 productivas ven cómo sus previsiones de crecimiento se dilatan en el tiempo por un retraso que algunos alcaldes consideran injustificados.
Estas áreas de oportunidad son proyectos considerados supramunicipales, y por lo tanto, no cuentan en los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de cada pueblo a la hora de cumplir con las restricciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Precisamente, en la línea de conseguir más áreas de oportunidad van las alegaciones presentadas por los alcaldes, que para el caso de las residenciales deben proponer proyectos donde entre el 60% y el 70% de las viviendas sean de VPO.
Sin embargo, al estar pendientes de convencer a Vivienda para que sus proyectos sean considerados áreas de oportunidad, muchas administraciones locales mantienen bloqueada la redacción de su PGOU a la espera de lograr esta categoría, que garantiza también la recepción de más subvenciones y les otorga a los diseños un plus de calidad.
El cambio de consejería –Vivienda heredó el plan de Obras Públicas– es otra de las causas de que el Potaus se haya convertido en una de las asignaturas pendientes. La complejidad de las alegaciones obliga, además, a derivarlas a otras consejerías e incluso al Consorcio de Transportes en el caso de las relativas a la movilidad –que no son pocas– ya que se considera que hay un documento al respecto en vigor en la Gran Sevilla.
