Una promotora con convenio financia parte de una campaña electoral
El PP obliga a Tosca a dimitir por el caso de la financiación "irregular" de su campaña
Junto a la concejal Inmaculada Rubio entregaron sus actas de concejales y sus bajas en el PP. 18/07/2008. A.I.F.
SEVILLA. El portavoz popular de Valencina de la Concepción, José Luis Tosca, y la edil Inmaculada Rubio han entregado sus actas de concejales y sus bajas en el partido después de que el PP de Sevilla "les pidiera responsabilidades por lo que considera una actuación reprobable desde el punto de vista ético y político" en el caso de la presunta financiación irregular de la pasada campaña electoral.
El PP de Sevilla ha asegurado que "la gestión popular no sólo debe ser legal y transparente, además un político popular está obligado a respetar los valores éticos, y tras las reuniones mantenidas con el PP de Valencina, hemos pedido responsabilidades políticas a José LuisTosca y a Inmaculada Rubio por unos hechos que consideramos una actuación reprobable éticamente, tras lo cual han decidido entregar sus actas de concejales y sus bajas como afiliados al partido".
Como se recordará, supuestamente, la empresa constructora Dolmen de Matarrubilla S.L. pagó alrededor de 3.000 euros a una empresa de publicidad que realizó objetos de regalo para el PP de Valencina, dándose la circunstancia de que la citada promotora tenía suscrito un acuerdo con el Ayuntamiento, entonces en manos de José Luis Tosca, sobre siete fincas, con una superficie de 12,68 hectáreas, para las que se asignaría en el futuro Plan General de Ordenación Urbana un aprovechamiento de 213 viviendas. Además, otra empresa, Jardines de Nuestra Señora de Gracia, con los mismos administradores y sede social que la citada, tenía otro acuerdo en el mismo sentido sobre 6,53 hectáreas y 109 viviendas a definir en el PGOU, que nunca se aprobó, ya que, tras las municipales, el PSOE obtuvo mayoría absoluta y paralizó el plan urbanístico.
Según afirmaba a ABC el ex presidente local del partido y ahora concejal no adscrito Alejandro Baeza estos hechos habrían sido puestos en conocimiento de los órganos directivos del PP el pasado mayo sin resultado.
Ayer, el PP de Sevilla lo desmentía "de manera tajante": "aunque sí es verdad que se mantuvieron reuniones, en ningún caso, en ellas Baeza nos informó de que hubiera una empresa con la que se había firmado un convenio y que, ésta aportara dos años después dinero para la candidatura".
La dirección del PP de Sevilla también apela a la ética de Baeza, ya que "lo primero que tiene que hacer es entregar su acta de concejal, que pertenece al Partido Popular, y que él consiguió gracias a esta formación".
Por su parte, Inmaculada Rubio, en una nota de comunicación, indicaba que "la campaña de las elecciones municipales de 2007 en Valencina fue elaborada, principalmente", por ella, entonces presidenta del PP, y Alejandro Baeza, que ocupaba el cargo de secretario. "Este señor conocía perfectamente todos los detalles", aseguró.
La ex concejal, al respecto de las facturas de los objetos electorales (pagada por la constructora), afirmaba que Baeza la obtuvo presentándose en la agencia de publicidad "diciendo que iba de parte del portavoz José Luis Tosca, para que se le facilitara una copia.
El PP indica que la dirección provincial ha actuado "a las 24 horas" de que se denunciara lo ocurrido, y que como consecuencia de esta decisión designará en la próxima Junta Directiva Provincial una gestora que dirija el partido en Valencina.
El modelo del ladrillo
La plataforma Valencina Habitable criticó ayer el modelo de financiación de los Ayuntamientos "basado en el ladrillo" y exigió que se depurasen responsabilidades "si las hubiere" en el caso detectado en Valencina. La plataforma recordó que en el mandato anterior denunció que el PGOU impulsado por el PP y el PSIV, "mediante el procedimiento de golpe de firma de convenios urbanísticos, respondía a intereses inmobiliarios y especulativos y no a la mejora y desarrollo del municipio". Valencina Habitable considera que el PSOE local "se ve en la obligación moral y política de aclarar la situación exacta de todos los convenios" y poner los hechos, "en conocimiento del Ministerio Fiscal".
