El POTAUS prevé una inversión de 4.174.000 €
09-10-07
La Gran Sevilla costará 4.174 millones de euros
07:20 Carlos Mármol SEVILLA.
Vuelta a empezar. Trece años después del primer intento serio. Casi tres décadas después de los esbozos técnicos más prematuros. Ni uno ni otros han servido de mucho. A lo sumo han permitido mostrar el fracaso de las administraciones –ayuntamientos, Gobierno autonómico, Diputación y Ejecutivo central– en su intención declarada, pero nunca asumida de verdad, de construir un modelo común de desarrollo urbano para la principal población del sur de Europa. Un salto de escala que hubiera permitido a la ciudad y a su entorno geográfico más cercano –al menos en un radio de unos 40 kilómetros– convertirse hace tiempo en un importante enclave urbano a nivel continental.
La Sevilla metropolitana ha surgido de todas formas. Y lo ha hecho en un proceso que se ha demorado más tres décadas, pero que se ha acelerado en los últimos tiempos, caracterizado por la falta de planificación y de organización. Entre la dejadez pública y el pragmatismo privado. A golpe de decisiones sucesivas, singulares y particulares, la mayoría de las veces tomadas en foros ajenos a los ámbitos de representación democrática. En una espiral de posibilismo. Los resultados saltan a la vista: un colapso urbanístico creciente, la ausencia de esqueleto territorial, atascos diarios, ausencia de equipamientos y dotaciones y, en definitiva, la progresiva degradación de la calidad de vida de los ciudadanos.
La Junta pretende ahora poner freno a este proceso después de varios lustros dejando hacer. Esta vez, sin embargo, parece que la cosa va más en serio. La Administración autonómica, responsable única de la ordenación del territorio, presentará esta semana a los ayuntamientos y al Gobierno central –integrados en un foro de diálogo institucional– el texto del nuevo Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), el documento marco que, en teoría, debe ordenar el crecimiento de la inmensa metrópolis que desde hace años forman los 46 municipios situados junto a la capital de Andalucía, en los que viven más de 1,4 millones de personas.
El documento, en realidad, viene más a certificar una vieja realidad –el desorden metropolitano– que a impedirlo. A lo sumo intenta reorientarlo de forma que el problema no vaya a más. Su principal conclusión es de índole económica: para transformar la Gran Sevilla en un territorio adecuado a lo que debería ser –tarea que bien pudo acometerse a lo largo de las últimas décadas– hace falta una inversión mínima de 4.174 millones de euros. La cifra, calculada en euros constantes de 2007, es una estimación global de todas las inversiones necesarias para articular de forma correcta el territorio metropolitano y dotarlo de un sistema sostenible de energía, agua y limpieza acorde con su tamaño y su crecimiento poblacional y económico. También incluye un programa de conservación de espacios públicos –aquellos que no han sido aún devorados por la urbanización indiscriminada– y un plan de dotaciones para compensar la saturación inmobiliaria que, según los diagnósticos oficiales, ha caracterizado la conformación de la Gran Sevilla.
Todo este dinero debe salir de las arcas públicas. El proyecto de la Junta no contempla en sus previsiones inversiones privadas. En todo caso, sí esboza un calendario general para acometer estos programas, que se fían a lo largo de los próximos 20 años. El Gobierno autonómico, no obstante, se compromete –según consta en la memoria económica que acompaña al Plan– a incluir en sus propios presupuestos –en fase de anteproyecto– todos estos proyectos para su debate y aprobación parlamentaria. La mayor parte de estas inversiones dependen de los departamentos autonómicos.
El periodo más intenso de gasto, según este plan, se producirá durante los próximos cuatro años. Desde 2008 a 2012, si no se incurren en nuevos retrasos en la tramitación del documento, que saldrá a exposición pública –se podrá alegar contra sus directrices, o respaldarlas– una vez que las distintas administraciones le den luz verde esta misma semana. Es la primera vez, a lo largo del interminable proceso de creación del área metropolitana, que la Administración regional se compromete de forma expresa con un calendario de inversiones en favor de la Gran Sevilla. Otra cuestión es que después lo cumpla, ya que, según las estimaciones iniciales, la “urgencia” con la que hay que actuar obliga a que la mayor parte de este gasto global –casi el 60 por ciento del total: 2.459 millones de euros– se acometa en un máximo de cuatro años.
El resto del dinero se invertiría a medio plazo: un 36 por ciento en los cuatro años siguientes. Para el largo plazo quedaría apenas un 4,2 por ciento del presupuesto. Además de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el resto de organismos y entidades responsables de estas partidas son el Ministerio de Fomento (Gobierno central), los distintos consistorios metropolitanos, el Consorcio Provincial de Aguas, la Agencia Andaluza de Aguas, la Consejería de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gas Natural, Red Eléctrica de España, la Consejería de Cultura, la Diputación, el Puerto de Sevilla y la Consejería de Educación.
El segundo elemento de importancia del nuevo Plan Metropolitano de Sevilla –nombre más simple para este documento sobre la Aglomeración Urbana– es de índole legal. Junto al citado programa económico, los técnicos de la Junta incluyen una normativa de obligado cumplimiento para todos los municipios ubicados en la Gran Sevilla que, en líneas generales, viene a recortar el margen de acción que, por acción u omisión, han disfrutado los ayuntamientos en materia de urbanismo durante las últimas décadas. Si hasta ahora la Junta ejercía un control más teórico que real sobre esta competencia municipal –a través de la Comisión Provincial de Urbanismo, por la que han pasado a lo largo de estos años decenas de planes urbanísticos que han provocado el colapso del área metropolitana–, a partir de ahora los mecanismos de control se invierten; de forma que, aunque la Junta seguirá teniendo la última palabra en todos los planeamientos urbanísticos provinciales, los ayuntamientos tendrán que justificar desde este momento cada una de las excepciones que quieran introducir a un marco territorial –el que emana del Plan Metropolitano– que será vinculante en unos aspectos y obligatorio en otros.
¿Y en qué consiste este modelo? Pues en empezar a hacer justo lo contrario de lo que se ha venido haciendo en estos últimos tiempos. La Junta está dispuesta a borrar del mapa a partir de ahora la llamada cultura del adosado, basada en urbanizaciones segregadas y separadas de los núcleos históricos de los municipios con una bajísima intensidad edificatoria (altura). El Plan apuesta por “mantener la estructura del sistema tradicional de asentamientos”, conservar el paisaje rural y natural todavía existente y evitar a toda costa las operaciones de unión física entre distintos núcleos urbanos. En líneas generales, se permite recalificar el suelo no urbanizable si no se superan los límites al crecimiento inmobiliario y poblacional impuestos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía –POTA– con determinadas excepciones, que se engloban dentro de un capítulo –las áreas de oportunidad– en el que toda una serie de proyectos singulares –empresariales, logísticos, residenciales y productivos– son considerados parte del esqueleto metropolitano, lo que implica que, aunque estén en un determinado término, tendrán funciones intermunicipales. Especialmente llamativo es el tratamiento que se le da a las grandes superficies comerciales, cuya implantación se augura complicada en este nuevo marco urbanístico al exigírsele un tamaño inferior al habitual –mediano– y que no se ubiquen en suelos con uso global residencial.
