La Junta ultima un decreto para acelerar la obtención de suelo para VPO
2007-10-25
La Junta ultima un decreto para "acelerar" la obtención de suelo para VPO
24/10/2007 18:52 Europa Press
SEVILLA. La Consejería de Obras Públicas y Transportes está ultimando un decreto para "acelerar" y agilizar la obtención de bolsas de suelo para vivienda protegida en los municipios, permitiendo modificaciones puntuales en los planes en aquellos municipios cuyos planes generales no estén aprobados definitivamente ni adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), mediante la figura de revisión parcial de los planes, siempre que dicha revisión vaya encaminada a "ejecutar el patrimonio público del suelo".
El director general de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Rafael Pavón, precisó que este decreto, que espera que esté ya operativo antes de finales de año, nace del conjunto de reuniones con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para hacer posible que exista suelo disponible para destinarlo a vivienda protegida y se vincula a la futura Ley de Derecho a la Vivienda.
Pavón explicó que a través de ese decreto se pretende "coadyuvar de alguna manera a que la interpretación de la norma urbanística y los procedimientos urbanísticos sean más ágiles, acortando los plazos y articulando procedimientos de urgencia" en los municipios, incluidos los que no están adaptados a la LOUA, introduciendo una serie de nuevos instrumentos.
En ese sentido, el jefe de servicio de Gestión y Ejecución de Planes de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Pedro Vives, explicó a Europa Press que el decreto está "prácticamente articulado" y está siendo elaborado por la Dirección General de Urbanismo, aunque posteriormente habrá consultas con los ayuntamientos y los promotores.
Indicó que este decreto activará una serie de "medidas urgentes" para "acortar" las tramitaciones de todas las figuras de planeamiento ligadas a los patrimonios públicos de suelo, tanto autonómico como municipal.
De esta forma destacó que con esta norma "resolverá la coyuntura de falta de adaptación de los municipios a la LOUA, permitiendo modificaciones puntuales de los planes generales de esas ciudades, mediante la figura de revisión parcial, siempre que esas modificaciones estén destinadas a aumentar el patrimonio público de suelo".
Vives indicó que, de esta forma, dentro de la Ley de Derecho a la Vivienda se establecen medidas urgentes para establecer reservas de suelo para VPO, y además se propiciará que los suelos que se quieran poner en carga para VPO y provengan de suelos no urbanizables puedan incorporarse al planeamiento sin necesidad de que los PGOU estén adaptados a la LOUA mediante la revisión del plan parcial, una figura que se halla por encima de modificaciones puntuales.
Así, los ayuntamientos determinarán la reserva de suelo para VPO, que "siempre serán suelos de crecimiento estructurado y organizado de la ciudad". Posteriormente se desarrollarán esos suelos bien a través de sociedades públicas o bien de forma indirecta a través de la figura del urbanizador, por el que se sacaría a concurso esos suelos, que serían gestionados y urbanizados por ese urbanizador, público o privado, encargado también de redactar el planeamiento de la zona para su puesta en carga.
Planes subregionales
Precisó que la propia Ley estipulará que dentro de los planes subregionales "se puedan hacer reservas para VPO", algo que hasta el momento la LOUA sólo contemplaba para equipamientos e infraestructuras, de forma que la nueva normativa ampliará esa posibilidad a reservas para vivienda protegida "mediante bolsas estratégicas donde se determinen que hay necesidades de vivienda".
Tanto Pavón como Vives participaron hoy en una jornada informativa sobre la política de vivienda en Andalucía, organizada por la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda (AVS Andalucía). En ese sentido, Pavón consideró que las empresas públicas de vivienda, con la futura Ley de Derecho a la Vivienda, deben centrar su actuación en aquellos campos "que los promotores privados no atienden y que son menos rentables y más arriesgados desde la perspectiva de la viabilidad económica y de la gestión".
Así, tras destacar la figura de los promotores públicos como piezas importantes de la nueva Ley citó entre esos campos propios de las empresas públicas las intervenciones en rehabilitaciones en los casos históricos o actuaciones dirigidas a satisfacer las necesidades de sectores de la población con alto riesgo de exclusión social por no tener ingresos suficientes.
De esta forma, según indicó Pavón, la idea se centra en que, tras la aplicación de la futura Ley se puedan variar los porcentajes de construcción de vivienda protegida, ya que actualmente el 60 por ciento lo ejecutan los promotores públicos y el resto los privados, y esperan que una vez que se ponga suelo en el mercado para VPO y los promotores privados se impliquen en la nueva norma se puedan invertir los porcentajes y llegar al reparto que existía a principios de los años 90, con un 40 por ciento de promotores de VPO públicos y un 60 por ciento privados.
En las jornadas de AVS ambos portavoces de la Junta explicaron el contenido del anteproyecto de la Ley de Derecho a la Vivienda y la necesidad de suscribir el Pacto por la Vivienda entre la Junta, los municipios, el sector privado y las entidades financieras.
Sobre dicho pacto, Rafael Pavón se mostró seguro de que se va a firmar "porque todos los sectores quieren que salga adelante y se satisfagan las necesidades de la población andaluza".
Pavón resaltó que "se están dando los pasos para formalizar una norma que haga posible cubrir las necesidades insatisfechas y posibilitar que se ponga en uso suelos para vivienda protegida". Además consideró que "no es un problema de financiación sino de decisión y voluntad, sobre todo municipal, para elaborar el planeamiento de acuerdo con las necesidades habitacionales que tienen sus vecinos".
