Urbanismo en Valencina

El Ayuntamiento inicia la ejecución subsidiaria de reposición de los terrenos a su estado original / Tres de las parcelas son propiedad de la familia de una concejal
01/03/2011. El Mundo

El Ayuntamiento de Valencina ha decidido finalmente poner orden en la parcelación ilegal de la finca rústica Estacada Larga, aledaña al casco urbano de la localidad, denunciada por primera vez por parte de la Policía Local hace cinco años. Algunos de los vecinos afectados han denunciado la pasividad municipal a lo largo de este tiempo, actitud que el Ayuntamiento ha negado.

Pero el paso que esperaban estos vecinos se acaba de producir. El Ayuntamiento de Valencina notificó a finales del pasado enero la ejecución (ya iniciada), con carácter subsidiario, de las obras de reposición de la realidad física alterada que los propietarios de las parcelas se negaban a realizar por sus propios medios. En otras palabras, el Ayuntamiento advierte a los dueños de estos terrenos que cuenta con la autorización judicial para entrar en las parcelas, desmontar los vallados y demoler cualquier construcción que se haya hecho en ellas, como así ha ocurrido en alguna de ellas.

El caso más sangrante es el que afecta a una serie de viviendas situadas entre los números 57 y 63 de la calle Vauvert. En la parcela ilegal que corre lindera con el patio trasero de estas viviendas se ha realizado un recrecimiento del terreno de más de dos metros para salvar la pendiente de la finca rústica, de tal forma que, desde hace dos años, esa parcela queda al ras de la cota más alta del cerramiento de las viviendas. La gavia que antes corría junto al muro, imprescindible para dar salida a las aguas de lluvia, desapareció.

El Ayuntamiento advierte ahora al promotor de esas obras ilegales, y en general, a todos los propietarios de las parcelas, de que devolverá la finca a su estado original con sus propios técnicos y medios, y de que les pasará la factura. Es la consecuencia de haber hecho oídos sordos al requerimiento que el Ayuntamiento les hizo en noviembre de 2009.

Frente a las denuncias de pasividad por parte de los vecinos afectados, el Ayuntamiento se defiende alegando que ha ido cumpliendo con todos los trámites y que sólo aceptó negociar la ejecución de las obras de reposición cuando, a finales de 2009, algunos de los parcelistas empezaron a retirar el vallado. Sin embargo, en abril de 2020 el arquitecto municipal dictaminó que las actuaciones eran insuficientes o nulas. El Ayuntamiento aún tardó tres meses en solicitar autorización judicial para entrar en las parcelas y, cuando lo hizo, se equivocó de procedimiento.

El gobierno municipal que preside el socialista Antonio Manuel Suárez no explica, sin embargo, qué ocurrió en los casi tres años que transcurrieron desde la primera denuncia -efectuada por la Policía Local en el año 2006- hasta que inició el primer expediente de restauración de la realidad física.

Sólo la insistencia de algunos vecinos, que llevaron el caso al Defensor del Pueblo y a la Consejería de Obras Públicas, logró agilizar su resolución. El Ayuntamiento niega, además, que esta tardanza esté relacionada con el hecho de que al menos tres de los propietarios de las parcelas ilegales sean familiares directos de la primera teniente de alcalde, Adelina del Bot (PSOE).

La postura municipal está respaldada por la Junta y por la Fiscalía, que no ven en su actitud una inactividad punible desde el punto de vista administrativo -la Junta- o jurídico-penal -la Fiscalía-.