El Ayuntamiento, a falta del permiso para intervenir las parcelas ilegales
08/01/2011. ABC
El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, gobernado por Antonio Manuel Suárez (PSOE), sólo está falta de que le llegue la autorización judicial para «intervenir» en las parcelas ilegales de la finca rústica llamada la «Estacada Larga», negando a tal efecto la «flagrante inactividad» denunciada por un particular ante el Juzgado de Instrucción número 19 en cuanto al tratamiento de estas viviendas por parte de la Administración local. El Gobierno local, alega que otras instituciones o administraciones han avalado que su actuación se ajusta a «los plazos y la legalidad», mientras que en un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla y recogido por E.P., el vecino afectado aportaba una fotografía actualizada del mes de diciembre de 2010 en la que quedarían reflejadas estas parcelaciones «ilegales» cuyo origen se remonta al año 2000. Estos hechos fueron denunciados por la Policía Local en 2006 ante el propio Ayuntamiento.
Un particular identificado como R. T. V., además, denunció el 24 de febrero del mismo año una parcelación que linda con la medianería de la parte trasera de su vivienda. A consecuencia de ello detectó movimientos de tierra echada sobre el muro de su vivienda, «que no es adecuado como muro de contención», un movimiento de tierra que además «impide el libre discurrir de las aguas, perjudicando a un gran número de vecinos» de la calle Vauvert.
También denunció la instalación de una caseta prefabricada de madera y la construcción de una solera de hormigón sobre la que se montó la caseta. Tras estas dos denuncias, según el escrito elevado al Juzgado, el Ayuntamiento dictó una resolución el 6 de octubre de 2006 en la que se ordenaba al dueño de la parcela «desmontar y retirar totalmente» el vallado, la caseta prefabricada y la solera de hormigón, así como restablecer la correntía de las aguas mediante la ejecución de la gavia —zanja abierta para el desagüe de un terreno—.
La autorización judicial «no ha llegado, de momento», defiende el Gobierno municipal, que niega la «flagrante inactividad» denunciada y alega que instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz han avalado que la Administración local «bajo la legalidad».
