Urbanismo en Valencina

El Consejo de Gobierno inicia los trámites para adecuar la normativa autonómica al texto refundido de la Ley de Suelo estatal
19/04/2011. Junta de Andalucía

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El Consejo de Gobierno ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley para la adaptación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) al texto refundido de la Ley de Suelo estatal. La futura norma supondrá una agilización de las actuaciones urbanísticas y un mayor reconocimiento de los derechos de los ciudadanos e incorporará preceptos estatales de "obligado cumplimiento" para las comunidades autónomas. Ambos textos comparten ya principios como la sostenibilidad o el impulso de la vivienda protegida.

La consejera ha explicado que esta adecuación reforzará los principios de participación pública, transparencia y publicidad, ya garantizados por la LOUA, en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento. Se exigirá así a los ayuntamientos incluir en la documentación de sus planes generales de ordenación urbana, de obligada exposición pública, el resumen ejecutivo. Este informe, consistente en una síntesis de los objetivos del planeamiento, pretende hacer "más comprensible" las directrices sobre el crecimiento urbanístico previsto.

Además, Cruz Villalón ha informado de que la administración autonómica podrá, además, habilitar un órgano colegiado que actuará como "ventanilla única" ante los ayuntamientos para la solicitud de los informes sectoriales de carácter vinculante que han de emitir las diferentes consejerías de la Junta en la tramitación del planeamiento urbanístico. Hasta ahora, la petición de esos informes se cursaba por separado en cada una de las consejerías y organismos competentes. La medida, que se concretará reglamentariamente, permitirá agilizar la tramitación y acortar los plazos de respuesta de la Administración autonómica a los municipios.

De igual modo, la norma amplía el derecho de consulta de los particulares, de modo que cualquier persona pueda preguntar a la administración local o autonómica sobre las características y condiciones urbanísticas de cualquier suelo. "Las administraciones deberán dar una respuesta en el plazo de tres meses", ha indicado la consejera de Obras Públicas, que ha valorado el incremento de la participación de los ciudadanos en el proceso de ordenación urbanística.

Otra medida de agilización se refiere a la cesión de suelos para equipamientos y dotaciones que deben realizar los promotores en favor de los ayuntamientos. El anteproyecto permite, excepcionalmente, sustituir esa entrega por una cuantía económica equivalente a su valor, cuando el terreno no tenga unas dimensiones mínimas exigibles. En estos supuestos, el municipio deberá crear un depósito específico que se destinará exclusivamente a obtener suelo para nuevas dotaciones compensatorias.

Las directrices de la Ley estatal no alteran lo ya dispuesto por la LOUA en materia de vivienda protegida, ya que se mantiene la obligación de realizar una reserva del 30% de suelo residencial para VPO en cada planeamiento urbano. Asimismo, en la reserva de suelo protegido, los PGOU deberán tener en cuenta el perfil de los demandantes de VPO de acuerdo con lo previsto en la legislación autonómica del derecho a la vivienda.

En cuanto a la actividad urbanizadora, el nuevo texto elimina la preferencia que hasta ahora ostentaba el propietario del suelo en la adjudicación de las obras. De este modo, cualquier interesado podrá intervenir como agente urbanizador en la transformación del suelo, sea o no propietario, fomentándose así la libre concurrencia en lo que se considera como una actividad económica de interés general.

El anteproyecto también establece que las administraciones deberán incluir en la documentación del PGOU un informe de sostenibilidad económica, con un análisis de los costes tanto de ejecución como de mantenimiento de servicios y equipamientos para las haciendas públicas.

La consejera de Obras Públicas ha concluido, por último, que a partir de ahora se iniciará un trámite de audiencia, en que la Junta de Andalucía presentará el texto al Gobierno central y Federación Andaluza de Municipios y Provincias, así como a asociaciones empresariales y profesionales, sindicatos, universidades, ecologistas, consumidores, vecinos, etc. Posteriormente, se iniciará su tramitación en Parlamento de Andalucía tras su aprobación como proyecto de Ley.