La corrupción mancha a los urbanistas
El Correo. 10/11/2009
Con motivo de la reciente celebración del Día Mundial del Urbanismo, la asociación española de profesionales del urbanismo, la ordenación territorial y la sostenibilidad (Aepuos) ha elaborado un decálogo de medidas con las que se pretende evitar que en España se identifique como un sofisma la corrupción con el urbanismo. Los urbanistas entienden que son los cabezas de turco de los “desmanes y aberraciones” que se han cometido en este ámbito y piden, entre otras cosas, que haya una autoridad supramunicipal que vele por el cumplimiento correcto de las normativas urbanísticas y que se mejore la financiación de los ayuntamientos para evitar que algunos se vean tentados de malversar las arcas públicas o de coaccionar a algún ente privado con fines espurios. Sus propuestas son loables y merecen un análisis detallado, pero no parecen suficientes para atajar los episodios de corrupción que tanto preocupan en la sociedad española. El urbanismo no es un elemento que genere corrupción por sí mismo, sino que es un instrumento del que se valen los políticos corruptos para aprovecharse de su cargo en beneficio propio. El problema no es por tanto intrínseco a la actividad urbanística, sino a quienes la ejercen de una forma desaprensiva. Y es ahí donde hay que actuar. En el control de quienes ejercen esta competencia y se extralimitan. Algo que no se logra sólo estableciendo un marco regulador más exigente para las actuaciones urbanísticas. Un compromiso institucional firme de quienes gobiernan las administraciones es clave, pero hay que dar un paso más. Quienes tienen la mayor responsabilidad a la hora de atajar un fenómeno tan lacerante como el de la corrupción son los propios partidos políticos. Son ellos los que tienen que mantener a raya a quienes se aprovechan de sus cargos y los que tienen que dar una imagen de inflexibilidad ante la aparición de casos de corrupción. Lo demás no dejan de ser más que buenas intenciones.
