Vivienda se reúne con la FAMP para avanzar en la implantación de los registros públicos de demandantes
Consejería de Vivienda. 14/09/2009
Casi un centenar de municipios ya han solicitado esta propuesta tipo, al que los Ayuntamientos pueden introducir cambios para adecuarlas a sus necesidades
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se ha reunido con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, para presentarle un modelo de ordenanza que regule la constitución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los registros municipales de demandantes, con el objetivo de que los Ayuntamientos puedan aprobarla en pleno y poder comenzar a trabajar cuanto antes en la confección de esta herramienta.
El documento, que es el resultado de un trabajo conjunto y coordinado con la Asociación de Promotores Públicos de Andalucía (AVS-Andalucía), pretende facilitar y agilizar el trabajo a las Corporaciones locales en su responsabilidad de organizar la demanda de vivienda protegida a través de esta herramienta. Estas bases no pretenden ser un texto cerrado, sino que los Ayuntamientos tienen la posibilidad de adaptar el texto a sus necesidades y especificidades, introduciendo para ello cuantas modificaciones estimen oportunas en la clasificación de solicitudes, la selección de los demandantes y la adjudicación de vivienda. Aunque esos nuevos criterios deberán ajustarse a lo establecido por la Orden publicada el pasado mes de julio por la Consejería para regular su constitución.
Hasta el momento, casi un centenar de municipios ya han solicitado el modelo de ordenanza para comenzar a elaborar sus bases y la previsión de la Consejería es que en los próximos meses esta cifra se incremente considerablemente. A este conjunto hay que sumar los Ayuntamientos de Córdoba, Dos Hermanas y Huéscar, que ya han presentado sus bases. De igual modo, durante los últimos meses, se han estado desarrollando experiencias piloto en varias localidades andaluzas, concretamente en Dos Hermanas, Isla Cristina y Córdoba.
El registro está llamado a ser un instrumento clave para la correcta cuantificación de la demanda real de vivienda protegida de cada municipio. Gracias a esa identificación clara de la demanda y a su sistematización a través de bases de datos contrastados se logrará ajustar la oferta y gestionar con garantías la planificación de la vivienda protegida en la comunidad. Su puesta en marcha será una realidad en toda Andalucía desde el próximo mes de enero, fecha a partir de la cual todas las adjudicaciones de VPO tendrán que realizarse a través de esta figura.
Aunque el desarrollo de este instrumento es una exigencia obligada para todos los municipios andaluces, para dar cumplimiento a este mandato la Consejería de Vivienda está trabajando con diferentes criterios prioritarios que dibujan varios escenarios de entrada en funcionamiento. En una primera etapa, se pondrá el acento en aquellos Ayuntamientos que cuentan con vivienda protegida que adjudicar a corto plazo, situación en la que se encuentran en torno a un centenar de localidades. En un segundo grupo se integrarán aquellas localidades con mayor volumen de población y las que cuentan con calificaciones provisionales; mientras que en un tercer escenario se situarán los municipios con menor población y que además no cuentan con promociones residenciales que adjudicar a corto plazo.
Teniendo en cuenta los criterios de adjudicación a corto plazo de VPO, el volumen de población y la concesión de calificación provisional, en la Consejería nos hemos marcado como hoja de ruta la implantación prioritaria de registros en 307 municipios andaluces, que supondría sistematizar la demanda de más del 80% de la población.
Apoyo técnico y financiero
Durante la reunión con la FAMP, Espadas ha ofrecido a los Ayuntamientos el apoyo económico y técnico de la Consejería para poner en marcha estas bases de datos. En la actualidad, Vivienda trabaja en la tramitación de una orden de ayudas para apoyar a los Consistorios en su desarrollo; así como en la implantación paulatina de una herramienta informática que posibilitará su gestión. En ese sentido, a partir de esta semana se pone en funcionamiento la primera fase de aplicación del programa, lo que va a permitir que se puedan grabar las solicitudes de los demandantes, una vez que vayan aprobando las bases reguladoras de los registros.
A principios de noviembre está previsto que se culmine una segunda fase de la herramienta que posibilitará la tramitación de las inscripciones y la comprobación de los datos aportados por los demandantes. Mientras que ya para el primer semestre de 2010 se completará el último tramo del programa para poder llevar a cabo los pasos y trámites implicados en la fase de adjudicación.
