El Defensor pide a la Junta que regule la instalación de las antenas de telefonía
Los estudios sobre la nula incidencia de las radiaciones en la salud no aminoran la "alarma social" · Los ayuntamientos carecen de medios para atender las quejas · La Fiscalía del TSJA estudia las denuncias
A. Fuentes / SEVILLA | Actualizado 25.08.2008 - 09:56
Existen más líneas de telefonía movil en España (50,9 millones) que personas residentes, según los datos del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco). En Andalucía, hay instaladas unas 7.000 antenas pero, según las operadoras, el número debe incrementarse a más de 10.000 para atender los nuevos servicios que demandan los ciudadanos y las administraciones.
¿Pero dónde? "Muchos ayuntamientos aún creen que las antenas generan problemas. Prácticamente ninguna capital andaluza está facilitando la concesión de licencias", aseguran desde las operadoras, agrupadas en la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (Aetic).
Los alcaldes conocen de la impopularidad de la medida ante los vecinos, no sólo de las nuevas instalaciones, sino de las antenas ya ubicadas. La razón: la posible existencia de una relación casual entre estas instalaciones y la aparición de enfermedades cancerígenas entre la población.
Los estudios oficiales elaborados sobre la materia no establecen como conclusión que sea cierta la existencia de tal relación de causa-efecto. Sin embargo, los ciudadanos siguen tramitando denuncias ante las distintas instituciones y se apoyan en otros estudios, publicados en el extranjero o investigaciones de científicos del ámbito sanitario, que advierten de los posibles efectos nocivos para la salud que pudieran derivarse de las radiaciones producidas por este tipo de aparatos.
De esta problemática se ocupa el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, en su último informe anual de 2007, donde un año más la institución "sigue tramitando un número muy considerable de quejas" sobre esta problemática. Pero sobre todo, expone el Defensor, "los ciudadanos se dirigen a la Administración local demandando la retirada de las instalaciones de telefonía móvil causante de los temores, y éstas se ven imposibilitadas para atender las demandas sociales".
Son los ayuntamientos quienes controlan y persiguen la instalación de estas antenas cuando no cuentan con las licencias municipales que les son requeridas, aunque las competencias sobre las telecomunicaciones estén depositadas en el Ministerio de Industria. El Defensor del Pueblo considera que "desde la Administración autonómica se deberían aprobar instrumentos normativos suficientes por medio de los cuales se ordenase, de forma exhaustiva, el despliegue que debe efectuarse de este tipo de instalaciones de telecomunicaciones".
Con ello, según el Defensor, se aliviaría la carga que padecen los ayuntamientos y se exigiría a las operadoras "que compartan recursos logísticos y eviten, en la medida de la posible, su instalación en aquellos lugares que pudiesen provocar mayor rechazo social". Al mismo tiempo, reclama campañas informativas sobre los estudios oficiales realizados para templar la "alarma social".
La cantidad de denuncias y resoluciones acerca de la instalación de antenas de telefonía movil, por efectos paisajísticos o de salud, ha llamado la atención de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La próxima memoria anual recogerá por primera vez un capítulo específico sobre este asunto, sus posibles riesgos y conflictos, avanzaron fuentes de la Fiscalía.
