Urbanismo en Valencina

Diario de Sevilla. 03/01/2009

Línea ferroviaria. Los alcaldes implicados en la creación de una línea ferroviaria de Cercanías que conecte con Sevilla la zona norte de la comarca del Aljarafe se reunirán en las próximas semanas con las autoridades del administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Andalucía al objeto de concretar los convenios que cada Ayuntamiento debe suscribir con esta institución estatal para las instalaciones que requerirá la nueva infraestructura. El alcalde de Salteras, Antonio Valverde (PSOE), precisó que la cita debería celebrarse antes de que concluya el mes en curso.

Leonardo García Sanjuán
Profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Sevilla
El Correo de Andalucía. 03/01/2009

Durante los últimos dos años, los medios de comunicación sevillanos han publicado bastante información relativa al excepcional yacimiento prehistórico de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán. Se trata de un gran poblado que, por lo que sabemos, se fundó hace aproximadamente 5.000 años. Los elementos más visibles que ratifican su excepcionalidad son las magnas construcciones megalíticas que sus habitantes erigieron, de entre las cuales al menos tres, La Pastora, Matarrubilla y Montelirio, se cuentan entre los más destacados monumentos prehistóricos de nuestro país y, por extensión, del continente europeo. Además del valor científico que este sitio tiene para conocer la Prehistoria andaluza, hay que señalar que representa la primera ocupación humana de lo que actualmente es Sevilla. Las excavaciones realizadas hace unos años en el Parque de Miraflores revelaron evidencias de asentamiento que son coetáneas al poblado de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán, demostrando así que, a ambos lados de lo que entonces era el estuario del Guadalquivir y hoy es la ciudad de Sevilla, existió en esa época una intensa actividad humana. Por decirlo de otra forma, el sitio prehistórico de Valencina-Castilleja de Guzmán representa el legado material de los fundadores de Seilla.

Para su desgracia, este gran sitio arqueológico se encuentra en uno de los sectores del área metropolitana que mayor y más rápido crecimiento urbanístico ha experimentado en los dos últimos decenios: el Aljarafe norte. Las constantes actuaciones urbanísticas llevadas a cabo en los dos municipios que el yacimiento abarca, aunque muy especialmente en el de Castilleja de Guzmán, han provocado que numerosos restos arqueológicos hayan podido ser sólo parcialmente documentados (mediante intervenciones de urgencia que normalmente tiene un carácter expeditivo) antes de su destrucción. Hasta aquí, la historia de este sitio prehistórico es simplemente una más de las muchas crónicas funestas que el modelo de urbanismo desarrollista ha producido en la riqueza medioambiental y cultural de nuestro país.

En los dos últimos años, sin embargo, se ha producido un fenómeno notable: una movilización ciudadana sin precedentes se ha puesto en marcha para defender la integridad del sitio arqueológico, especialmente los megalitos, frente a las agresiones urbanísticas que los han amenazado muy seriamente, dentro del contexto de una propuesta de desarrollo urbanístico sostenible. De entre las muchas asociaciones ciudadanas que lo han protagonizado es posible destacar a Aljarafe Habitable, el Grupo Arqueológico Mataherrera, la Asociación de Amigos del Patrimonio Arqueológico Los Dólmenes, la Plataforma Ciudadana Forestier de Castilleja de Guzmán, la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), la Ben Baso, Ecologistas en Acción, Ciudadanos de Espartinas, Guzmán Habitable o Valencina Habitable. Estas entidades están integradas por personas que, sólo movidas por el afán de preservar los valores patrimoniales de su entorno, han sustraído en los último dos años cientos de horas a sus familias y a su tiempo libre para oponerse de forma activa a actuaciones propuestas como la carretera A-8077, que cortaba literalmente en dos la necrópolis megalítica, o, más recientemente, a las brutales obras proyectadas al pie del túmulo de Montelirio, que no sólo condenaban a este magnífico monumento a quedar encerrado en un sarcófago de hormigón -dejándolo convertido en una cosificada caricatura de sí mismo- sino que arrasaban una miríada de construcciones funerarias menores que le circundan.

En su defensa del patrimonio, estas asociaciones han generado una movilización ciudadana sin precedentes en Andalucía, llevando sus reclamaciones a múltiples instancias administrativas de la Junta de Andalucía, al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía de Medio Ambiente, recabando el apoyo del Ayuntamiento de Valencina y de numerosos profesores y especialistas de la Universidad, y logrando una sostenida presencia en los medios de comunicación locales e incluso nacionales.

De todo este proceso cabe destacar dos aspectos, ambos de singular importancia. El primero es el nacimiento de una potente concienciación ciudadana sobre la necesidad de defender activamente el patrimonio cultural, una concienciación análoga a la que ya existe desde hace bastante tiempo a la que existe desde hace bastante tiempo en relación con el patrimonio natural. El segundo es que, además, esta movilización ciudadana ha encontrado eco en la administración pública, ya que en los dos casos concretos citados, tanto la Consejería de Obras Públicas y Transportes como la Consejería de Cultura reaccionaron con sensatez y responsabilidad, escuchando las demandas de asociaciones y expertos, y paralizando las actuaciones previstas.

A todo su significado científico, el sitio arqueológico de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán añade ahora un valor más, quizás el que más importancia tenga para su futura preservación: el deseo de la ciudadanía de disfrutar su existencia en condiciones de respeto, integridad y autenticidad.

Luis Andrés Zambrana
Profesor de Economía Apliada. Universidad de Sevilla
ABC. 02/01/2009

En estos últimos días de 2008 la Consejería de de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía está andando los pasos encaminados a aprobar definitivamente el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). Demasiado tiempo ha transcurrido desde que el área metropolitana de Sevilla comenzó a configurarse como tal sin que en este proceso se haya acompañado de la racionalidad que se debería suponer a la planificación del territorio. Hoy muy pocos dudan de que esta carencia nos ha dejado una comarca cargada de problemas.

En 1974 el ministerio de la vivienda aprobaba el Avance del Plan de Ordenación de la Comarca de Sevilla. Por aquel entonces ya se vislumbraba la posibilidad de un desarrollo metropolitano entre la ciudad central, Sevilla, y los municipios colindantes y, por tanto, la necesidad de poner en marcha un mecanismo de ordenación territorial. Apenas un año después, la transición política estableció necesidades de cambios más profundos y urgentes que dejaban en segundo plano y por tanto parcada la propuesta de ordenación para la comarca.

La Constitución de 1978 asigna a las Comunidades Autónomas las competencias en materia de Ordenación del Territorio y en base a ella, el Consejo de Gobierno de la entonces recién creada Junta de Andalucía planteó en junio de 1983 la necesidad de establecer directrices de planeamiento urbanístico para el área metropolitana de Sevilla creando un gabinete de estudios metropolitanos que, bajo la dirección de Damián Álvarez, trabajó en la elaboración del documento que se dispuso seis años después. Mientras, el área metropolitana de Sevilla comenzaba a desarrollarse con fuerza, las urbanizaciones se multiplicaban y aparecían los primeros centros comerciales, todo ello sin orden preestablecido. Por alguna razón, que nunca se hizo explícita, este intento de ordenación quedó postergado en algún cajón de la administración autonómica.

Tras la celebración de la Exposición Universal de 1992 y el boom urbanístico que ésta comportó llegó un parón que se prolongaría más de un lustro, durante el cual la Junta de Andalucía volvió a esbozar intenciones de poner orden en el territorio del área metropolitana de Sevilla. Alentado por la recién aprobada ley de Ordenación del Territorio de 1994 que dotaba a la administración de instrumentos de los que hasta el momento carecía y por los evidentes signos de desorden que el boom había dejado atrás, el 31 de mayo de ese mismo año, el Consejo de gobierno de la Junta de Andalucía acuerda formular el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. El encargo se realizó al arquitecto José Carlos Babiano. De este tercer intento se dio a conocer el Documento de Información y Diagnóstico en 1996 y la Memoria de Objetivos en 2000. Finalmente su trabajo corrió la misma suerte que el de su predecesor.

En esta tesitura, sin plan alguno, nos vimos envueltos en una nueva oleada urbanística, la que comenzó en 1998 y se ha extendido hasta 2007, periodo en el que llegaron riadas de ofrecimientos de recalificaciones a la concejalías de urbanismo de los municipios del área metropolitana, todas ellas vistas con muy buenos ojos por los recursos que aportaban a las arcas municipales. En todo este tiempo han sido los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, quienes han determinado cuanto y como se crecía, en base a intereses que no siempre respondieron al interés general.

La caótica situación urbanística, de movilidad, de infraestructuras, de servicios... que padecemos en la comarca, unido a los escándalos que salpicaron a la fiebre del ladrillo, debieron ser el detonante para que en un año dispusiéramos de más legislación en materia de ordenación del territorio con afección al área metropolitana que en toda su reciente historia.

Primero fue el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (octubre de 2006), que dicho sea de paso es un reconocimiento a la caótica situación y su difícil solución.

Un mes después llegó el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía -POTA- que levantó gran revuelo entre alcaldes y promotores por establecer límites a los crecimientos urbanísticos, algo que les debió parecer una desmesura, pero para hacernos una idea aquí les dejo una pequeña muestra y que el lector juzgue si realmente se trata de un freno. Según el padrón, en 2007 habitábamos la primera corona del área metropolitana, excluida la capital, un total de 475.653 personas, lo que suponía más del doble de los que registraba el censo de 1970 (210.303), cuando, como decíamos al principio, comenzó este espacio a dar las primeras muestras de trascender de lo local a lo metropolitano. Pues bien, si los municipios apuraran los límites de crecimiento poblacional que establece el POTA (30%) durante un periodo de tiempo similar al transcurrido, 36 años, podrían construirse viviendas para albergar 1.358.512 habitantes, es decir casi el triple de la población actual.

Ante la inquietud de los detractores del POTA, la Junta pone en marcha, con carácter inmediato, mecanismos de flexibilización de la norma (Acuerdos con la FAMP, Pacto por la Vivienda y Decreto 11/2008). En ese contexto se aprueba la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla -POTAUS- que sería expuesto públicamente en octubre de 2007.

Durante el periodo de exposición pública del POTAUS han sido muchas las alegaciones y críticas que este documento ha recibido: el Colegio de Arquitectos, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla, equipos de investigación universitarios, asociaciones ciudadanas, confederación de empresarios... y ayuntamientos.

Una de las críticas, en mi modesta opinión, más fundamentada de cuantas ha recibido el plan se basa en la falta de voluntad del mismo para ordenar el territorio y el sometimiento de éste a las presiones municipales, lo que ha hecho del POTAUS un mecanismo de flexibilización del POTA. Resultado evidente son las áreas de oportunidad que no responden a orden alguno, al menos explícito, ni a una mínima justificación racional de cómo se han detectado esas supuestas oportunidades. El documento definitivo solo se ha atendido a los ayuntamientos cuyas alegaciones (quizás sería más conveniente decir demandas) se resumen en pedir más suelo para construir sin que compute a efectos de los límites impuestos en el POTA, lo que ha llevado al documento definitivo a pasar de 47 a 69 áreas de oportunidad.

Tanto esperar para esto.

Izquierda Unida ha presentado en el Ayuntamiento de Valencina una propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana para que entre en el orden del día del próxmo Pleno
02/01/2009

[Descargar Propuesta de Reglamento] (pdf - 130 kb)

El anuncio de la presentación fue realizado por el concejal de IU, Francisco Arellano, en una charla sobre participación ciudadana organizada el 13 de noviembre [+] en el Ateneo de Valencina. Posteriormente, se elaboró un primer borrador, al que se le pudieron realizar aportaciones y correcciones para modificarlo, proceso que terminó el 18 de diciembre, con una reunión en la que se cerró la propuesta definitiva del documento.

Finalmente, la citada propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana fue presentada en el Ayuntamiento el pasado día 29 con objeto de que sea incluida como punto del día en el próximo pleno del mes de enero.

CARTA AL DIRECTOR
AljarafeHoy. 26/12/2006

A los políticos se les llena la boca cuando hablan, especialmente en campaña electoral, de la participación ciudadana. Incluso hacen leyes que, en principio, invitan a ella formalmente, aunque después, cuando alguien ejerce esa participación, les moleste. Y lo digo por propia experiencia. A los políticos que gobiernan no les gusta que los ciudadanos, ya sea a titulo individual o colectivamente, les corrija nada. Es más, les molesta incluso que el Defensor del Pueblo oiga las quejas de los ciudadanos y las tramite. La administración formalmente crea los cauces para que esta participación se produzca, pero después, cuando se trata de llevarla al plano de la realidad, pone todos los impedimentos posibles, cuando no la indiferencia más absoluta. Por ejemplo quien suscribe -y creo que unos trescientos ciudadanos o asociaciones ciudadanas más- hicimos alegaciones, en tiempo y forma, al POTAUS. Pues bien, esté ya ha sido aprobado definitivamente y, a los ciudadanos, ni individual ni colectivamente, nos han contestado a nuestras alegaciones. Ahora, si algunos queremos seguir empeñados en mantener nuestras alegaciones, tenemos que acudir a los Tribunales de Justicia. Cierto es que la LOUA ha previsto que tengamos lo que se llama técnicamente la “acción popular”. Pero claro, esta acción es una falacia más de nuestros gobernantes, porque para que un ciudadano de verdad pueda llevar esto a la justicia, tendría que gastarse los cuartos en abogado y procurador, e incluso con riesgo de sus propios bienes, y como nuestros políticos suponen, la mayoría de ciudadanos, aparte de nuestro esfuerzo personal por denunciar los presuntos atropellos urbanísticos de nuestros gobernantes, no puede exponer su patrimonio personal, pese incluso al noble fin que supone defender los intereses colectivos frente al atropello de la administración. Y eso lo saben nuestros políticos, y por eso digo y repito, que la invitación a la participación ciudadana es una falacia, igual que la “acción popular”, si esta no va a compaña de justicia gratuita, con abogado y procurador de oficio.

Manuel R. Duarte
Valencina de la Concepción (Sevilla)